Algunas propuestas para favorecer el crecimiento

La situación actual no favorece el crecimiento. Parto de la idea que son las empresas quienes tiene que crearlo, y las empresas son las personas que las componen. El estado puede ayudar a su funcionamiento, bien facilitando la existencia de iniciativas creando condiciones favorables para su desarrollo, bien eliminando trabas innecesarias que impiden o dificultan que las empresas se dediquen a lo que saben hacer y no a tareas administrativas o burocráticas.

Hoy en día me da la sensación -desde mi perspectiva de asesoramiento a empresarios que comienzan o que vienen desde el extranjero a implantarse- que cualquier medida supuestamente liberalizadora va siempre acompañada de muchas otras que dificultan y complican la vida o que simplemente eliminan o reducen los efectos pretendidos. He calculado que existen por lo menos una veintena de trámites burocráticos para que una sociedad extranjera que quiera invertir en España creando una filial simplemente la constituya legalmente. El tiempo que puede llevarle, en el mejor de los casos, es de, aproximadamente entre un mes y un mes y medio. Además pueden ser necesarios entre dos y cuatro semanas más en su país de origen para preparar los documentos (poderes, apostillas, traducciones). Las medidas flexibilizadoras no sirven de nada si se mantiene una mentalidad y una estructura absolutamente rígida y sospechosa hacia el inversor.

Señalo aquí algunas ideas a modo de apuntes muy esquemáticos. Muchas, probablemente, son discutibles y la mayoría tendrían que ser desarrolladas. Seguramente habrá muchas otras, pero ojalá estos apuntes sirvieran para empezar a pensar en cómo favorecer la creación de riqueza mediante nuevas empresas o facilitando las cosas a las existentes.

Habrían de crearse apoyos estables y duraderos a los empresarios mediante una planificación global con visión a medio y largo plazo sin dejar de lado la inmediatez y no simplemente a modo de soluciones parciales o coyunturales sin meditar y destinadas a durar únicamente lo que dura un titular en la prensa. Una política sin sobresaltos ni cambios que permita la planificación del empresario y la toma de decisiones con un cierto horizonte.

En este sentido, apuesta decidida por la seguridad jurídica. Que los empresarios sepan a qué atenerse. Simplificación normativa, unificación de la existente en los diferentes ámbitos de competencias estatal, autonómico y local. Unificación de las normas de forma que se evite la dispersión que genera desconcierto (por ejemplo, en materia de consumo: Ley General de consumidores y usuarios, Ley del comercio minorista, Ley de competencia desleal todas con normas similares y a veces contrapuestas o poco claras; por ejemplo en materia de sociedades con una Ley de sociedades de capital, Ley de sociedades de modificaciones estructurales, Ley de sociedades profesionales, Código de comercio). En este sentido, deberían además de agruparse en cuerpos normativos codificados y coherentes, publicarse periódicamente glosarios completos de las normas aplicables por sectores (leyes, reales decretos, órdenes ministeriales a todos los niveles competenciales). Las actuales tecnologías permiten que esto esté permanentemente actualizado y disponible de forma clara y sencilla a los usuarios y destinatarios últimos de las normas. Evitar la dispersión normativa.

Eliminación de trabas administrativas para la creación de iniciativas empresariales, supresión de licencias reiterativas e innecesarias, cancelación o simplificación de exigencias administrativas paralelas (Agencia Española de Protección de Datos, declaraciones de inversiones exteriores, actas de prevención del blanqueo de capitales, oficina de marcas), unificación de requisitos idénticos en todo el país.

Favorecer la llegada de capital extranjero: evitar la obligatoriedad o concesión automática e inmediata (con simple solicitud) del CIF para todo extranjero y sociedad extranjera en España, simplificación o eliminación de la necesidad de poderes extranjeros para realización de trámites bastando la simple autorización privada, supresión de las comunicaciones informativas de inversiones extranjeras a cargo de los afectados; concesión automática de la firma electrónica sin necesidad de nuevos trámites y formalidades.

Facilitar la creación de sociedades mercantiles mediante el simple acuerdo de voluntades privado sin necesidad de intervención notarial ajustándose a formularios preestablecidos y simple comunicación telemática con validez a todos los efectos: societarios, tributarios, sociales. A lo sumo, estableciendo un posible control a posteriori de los requisitos legales. Cancelación de requisitos mínimos en cuanto al capital, permisión de un objeto social universal, y unos estatutos estándares.

Eliminación de formalidades societarias en la vida de la sociedad: supresión de anuncios en prensa para decisiones y convocatorias, generalización de los medios telemáticos de publicidad, simplificación de trámites con auditores.

Tratamiento fiscal justo: devengo y pago del IVA no cobrado, devolución automática de la Administración a petición del interesado en plazos reducidos sin perjuicio de posteriores verificaciones; eliminación de trabas burocráticas fiscales que constituyen una presión fiscal indirecta (notificaciones telemáticas no deseadas, declaraciones informativas que no añaden sino incrementar las posibilidades de error en datos que ya obran en poder de la administración).

Administración a igual nivel que el ciudadano. Garantías de los pagos administrativos y el pago de intereses moratorios automáticos, reforzamiento de la responsabilidad personal del funcionario gravemente negligente; posibilidad de compensación de deudas con la administración en iguales condiciones que las existentes con el ciudadano. Colaboración obligatoria y efectiva entre administraciones y aplicación automática del principio de que la información procurada a una de ellas pueda hacerse valer frente a cualquiera de las demás, eliminación de cargas al administrado. Sometimiento de la administración a los criterios de los tribunales cuando se apartan de sus propios criterios y sanción del funcionario que conscientemente se aparta. Suspensión automática sin necesidad de garantías en la exigencia de deudas tributarias liquidadas y recurridas. Imposición de costas en procedimientos administrativos y judiciales en procedimientos contra la administración.

Cotización de autónomo más barata, simplificación de la contratación de autónomos laborales, favorecimiento del autotrabajo y teletrabajo. Revisión del sistema de horarios en función de objetivos y beneficios. Producitividad y conciliación de vida familiar real y efectiva.

Un esquema fiscal que permita el flujo del crédito desde los inversores privados de riesgo con iguales ventajas fiscales que los inversores profesionales pudiendo compensar inversiones fallidas con las que tengan éxito; exención en casos de reinversión de plusvalías en iniciativas de riesgo comparable.

Contratos laborales ajustados para los primeros momentos de una sociedad, mayor simplicidad de los tipos contractuales reduciéndolo básicamente a uno indefinido, reducción de costes de Seguridad Social en los primeros tiempos del proyecto empresarial sin por eso reducir las prestaciones del trabajador; salario y resultados empresariales conectados; indemnización por despido creciente en función de la antigüedad; ampliación de los períodos de prueba en función del tipo de trabajo.

Sistema judicial efectivo en el cobro de deudas reduciendo los métodos de oposición en los procedimientos judiciales, automatización y simplificación de procedimientos monitorios de reclamación con automática admisión de las reclamaciones e inmediata notificación a los reclamados incluso en direcciones electrónicas; simplificación de la representación procesal eliminando formalidades de apoderamientos para pleitos bastando una mera autorización privada a efectos de la relación cliente-abogado; revisión del papel del procurador en el proceso, aumento de los sistemas automáticos de comunicación; favorecimiento real de la mediación como solución alternativa y concertada de solución de conflictos.

Obviamente no están todas. Quizás puedan servir para empezar.

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